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El PSOE traslada sus preocupaciones sobre el convenio de Transición Justa y el proyecto de Marpol al Consejo Local de Medioambiente

Los socialistas barreños aprovecharon la sesión del consejo celebrada ayer para exponer sus inquietudes sobre ambos temas, que consideran “de vital importancia para el futuro de nuestro municipio y que, por tanto, son de máximo interés y preocupación para nuestros  vecinos y vecinas”.

Los socialistas barreños tuvieron ayer una activa participación en el Consejo Local de Medioambiente, donde expusieron dos de los principales temas de interés actual sobre cómo conjugar el desarrollo industrial con el respeto y protección medioambiental.

En representación de su formación, el portavoz municipal y secretario general del PSOE barreño, Daniel Perea, lamentó en primer lugar que no se convocara al Consejo una semana antes cuando el plazo para presentar propuestas al Convenio de Transición Justa aún estaba abierto. “Se podría haber aprovechado para canalizar todas las opiniones y aportaciones de los colectivos que conforman este consejo”, señaló Perea. “Consideramos que el plazo fue muy corto y solicitamos que se pida una nueva apertura del proceso participativo que nuestro Ayuntamiento debe liderar”.

El portavoz socialista también puso sobre la mesa las inquietudes ciudadanas que comparte su partido sobre la instalación de Marpol en nuestro municipio. “Ayer expusimos nuestro posicionamiento en contra de esta planta que provocaría un perjuicio ambiental y económico a las zonas de Palmones, Guadacorte y Los Cortijillos y aunque vimos como por desgracia, el señor Alconchel no comparte nuestro mismo criterio”, explica Perea. “Desde el PSOE tenemos claros en el lugar donde nos hemos posicionado y estamos a disposición de los vecinos para frenar esa instalación en nuestra localidad”.

Finalmente, y tal y como se anunció previamente a la celebración del consejo, los socialistas reiteraron su petición de regular a través de una ordenanza los problemas de ruidos en Los Barrios, tal y como obliga la ley a los ayuntamientos desde 2012.

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