Programa extraordinario “Tarjeta Monedero” de la Junta de Andalucía, es una buena medida para ayudar a los andaluces en riesgo de vulnerabilidad, pero hace aguas el modo de gestión.

Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, se ha aprobado un programa extraordinario “Tarjetas Monedero”, de ayudas a las necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad ocasionada por la crisis del coronavirus, con un presupuesto de 17 Millones de euros para toda Andalucía. Se pueden solicitar desde el pasado día 4 de Junio.

Es una subvención excepcional a Organizaciones no gubernamentales (ONG) que integran la Mesa del Tercer Sector en Andalucía, que serán las encargadas de conceder las “tarjetas monedero”, para garantizar el consumo de más de 20.000 familias andaluzas en situación de exclusión social en supermercados y tiendas de proximidad.

Estas ayudas tienen como beneficiarias a las familias afectadas por las consecuencias económicas provocadas por la crisis del coronavirus, entre ellas, las personas incluidas en ERTES, que hayan disminuido notoriamente sus ingresos, que hayan sufrido el despido de su trabajo durante la pandemia, andaluces retornados, familias monoparentales con menores a cargo, unipersonales y cualquier persona que por su situación de especial vulnerabilidad necesiten esta ayuda.

Estas tarjetas serán recargables y servirán para la comprar de una lista preestablecida de productos de alimentación, higiene personal y limpieza que no podrá ser modificada por las personas beneficiarias. Su saldo oscilará entre 150, 200 y 250 euros mensuales en función de la tipología familiar. Será un programa previsto para 4 meses pero que se podrá ampliar si es necesario.

Una vez explicado en que consiste este programa de ayudas, por la crisis económica derivada del Covid-19, no seré yo quien niegue que se hagan programas de ayuda a personas afectadas por la actual crisis, ni de cualquier situación en la que se beneficie a personas en situación de vulnerabilidad por cualquier causa, todas las ayudas que vengan bienvenidas sean, el hecho lo veo correcto, no puedo poner ni un pero, es más me parece una buena medida, lo que no termino de ver y supongo que de ahí vienen ciertas desavenencias con profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios, es la gestión de dichas subvenciones.

Estas subvenciones serán concedidas a entidades sociales (ONG´s), que serán las encargadas del reparto de dichas ayudas, se van a establecer sin informe social de los Servicios Sociales Comunitarios y sin implicación del profesional de referencia, trabajador o trabajadora social de la Administración Pública competente (ayuntamientos o diputaciones provinciales).

Este modelo de intervención social no van a garantizar la universalidad y transparencia del sistema, incumpliría lo dispuesto en la Ley 9/2016, de Servicios Sociales de Andalucía, que establece la universalidad en el acceso a los servicios sociales y la gestión directa por parte de las administraciones públicas de las potestades administrativas, además de incumplir la Ley 4/2018, de Voluntariado de Andalucía, que establece que las actividades de voluntariado tampoco podrán sustituir a las administraciones públicas en el desarrollo de funciones o en la prestación de servicios públicos a los que están obligados por ley.

Por estos hechos, el Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social, lo ha denunciado, ya que califican la iniciativa como un programa que atenta contra la dignidad de la ciudadanía, en base a que pueden significar riesgo de estigmatizar o lesionar la dignidad para personas que sean los destinatarios de dicha subvención. Además presuponen, que la ciudadanía puede llegar a duplicar prestaciones, al proponer que haya dos sistemas (uno público y otro privado) atendiendo las mismas necesidades, cuando es la propia Administración autonómica quien crea innecesariamente este sistema dual.

No por ello, no quiero dejar de reconocer y destacar la gran labor imprescindible que realizan las ONG’s durante la gestión de la crisis social y sanitaria a raíz del Covid-19, que siempre han realizado un gran trabajo para nuestra sociedad, pero no es momento de caridad y ni de beneficencia, sino de proteger y fortalecer nuestros servicios sociales públicos, llegando a los ciudadanos desde las instituciones.

Este sistema de prestaciones sociales, si fueran gestionadas directamente desde los Servicios Sociales Comunitarios, que son los encargados de hacer los correspondientes informes de valoración de los solicitantes de dichas ayudas, así como garantizar la atención en situaciones de emergencia o urgencia social, pues la prescripción de recursos públicos está reservada legalmente a empleados públicos que cuentan con formación y titulación adecuada y con ello, además, no se mermaría el presupuesto destinado a tales ayudas e irían directamente para sus beneficiarios , a la misma vez, que no supondría una duplicidad a realizar un peregrinaje para solicitarla por diferentes instituciones.

Estamos viviendo un duro y difícil momento, por la crisis mundial de la pandemia del Coronavirus, que ha supuesto una situación de emergencia sanitaria y económica gravísima también en nuestro país y si algo ha quedado claro y hemos aprendido, es que hay que defender y reforzar los servicios públicos y no podemos abrir la puerta a empezar a que dichas ayudas las lleven entidades privadas. Los empleados de los Servicios Sociales Comunitarios, han sido unos de los profesionales invisibles en esta crisis, pero son otros de los servidores públicos que han estado a más del cien por cien, en primera línea de fuego, es de merecer su reconocimiento y de reforzarles para que puedan prestar bien su servicio y no se entiende porque no se apuesta directamente por los servicios sociales públicos haciendo más fácil, más ágil y más eficaz la llegada de las ayudas a las familias vulnerables.